La reciente prórroga de los canales privados supone más bien un favor político del presidente Juan Manuel Santos que una valoración técnica que según la JNTV dice arguentar en las sesiones que se hicieron en la ANTV desde abril de 2017 hasta la fecha cuando Caracol Televisión S.A. y RCN Televisión S.A. solicitaron, basandose en la ley 1150 de 2007 artículo 27.
Parece ser que abusaron la herramienta dispuesta por la ley, pues no dice el límite de prórrogas y los argumentos que los miembros de la JNTV no son suficientemente convincentes, el artículo dice claramente que las prórrogas no son gratuitas ni automáticas, y es lamentable que la JNTV se busquen a la Universidad Nacional como banca de inversión cuando su papel es el de investigar y hacer estudios mas no el de hacer estimaciones económicas pues por lo general cuando se contrata una banca de inversión debe ser una entidad que cuente con autorización y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Ese sinsabor que ha ocasionado los miembros de la JNTV para autorizar a la ANTV la prórroga sin siquiera saber por parte de los televidentes y al país en general por qué se les prorroga, cuales son sus estados financieros, resultados en materia de horas producidas y emitidas en televisión, para luego darse cuenta que el valor es muy bajo de lo que han hecho desde 2009 hasta 2018, prácticamente igualando al valor que Plural Comunicaciones paga por la concesión de la programación del Canal Uno de RTVC.
El presidente Juan Manuel Santos, en cabeza de su ministro de las TIC David Luna, miembro de la JNTV le ha querido demostrar él y los demás miembros que fue una decisión técnica que política, comparado con la prórroga que la antigua CNTV lo hizo con sufrimiento y casi que no llega la hora pues ni Caracol ni RCN estuvieron de acuerdo al valor a pagar por sus respectivas concesiones hechas por dos bancas de inversión contratadas para ese tiempo.
Sí. Fue una decisión más política que técnica. Porque de otra forma y con la incertidumbre de saber qué haría o no la ANTV nos tenía en ascuas desde octubre hasta noviembre de 2017 antes de regir la ley de garantías que solo se permiten licitaciones públicas, la situación quedaría en manos de Iván Duque o de Gustavo Petro (está por verse, en mi caso, pues dudo que los dos o uno de los dos pasen a la primera vuelta o ganen con más del 51 por ciento en mayo) que ya tienen pensado qué harán si tuviera en sus manos el caso de prorrogar a Caracol y RCN.
En el caso de Duque pasaría lo de Uribe en 2008 con algunos comisionados de televisión afines a él, se ciñieron a lo que las bancas de inversión sugirieron y además de quitarles la exclusividad que buscó estimular ese sector en contra de los demás en la televisión. Porque hay que aclarar que la ley 335 de 1996 la prórroga es permitida una sola vez y choca con la ley de contratación pública (1150 de 2007) pues ambos artículos están vigentes. Concretamente para Duque sería o que uno de los dos sean prorrogados o que haya nueva licitación en la que los actuales tenga cabida y desde luego, el que mayor oferte en subasta, es el ganador; o no sería así.
En el caso de Petro opta, por el momento darles un otrosí, para reformar la ley 335 de 1996 y ya promulgado y avalado por la Corte Constitucional llamar a una nueva licitación, con la novedad que se permitirá cualquier clase de sociedad incluso sin ánimo de lucro, lo que molestaría más a Caracol y RCN y buscan otros beneficiados.
Estas cosas no sucederán afortunadamente para Caracol y RCN. Lo que se salvaron del petrouribismo pone en una mala situación a Plural Comunicaciones por las causas que ustedes ya conocen en mis trinos en Twitter y en la columna de opinión, y con un atenuante: conseguir a como dé lugar un tercer y un cuarto canal privado de televisión para compensar el descuento del valor de sus prórrogas y que ponen en riesgo los recursos del Fondo de Desarrollo para la TV pública y agregar un nuevo tributo (petición unánime por parte de los expertos en el sector de las comunicaciones) a las OTT (Netflix, Caracol Play, DirecTV, Claro, entre otros en Colombia) para no poner en desventaja a la TV por suscripción y a su vez más ingresos al FONTV.
Parece ser que abusaron la herramienta dispuesta por la ley, pues no dice el límite de prórrogas y los argumentos que los miembros de la JNTV no son suficientemente convincentes, el artículo dice claramente que las prórrogas no son gratuitas ni automáticas, y es lamentable que la JNTV se busquen a la Universidad Nacional como banca de inversión cuando su papel es el de investigar y hacer estudios mas no el de hacer estimaciones económicas pues por lo general cuando se contrata una banca de inversión debe ser una entidad que cuente con autorización y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Ese sinsabor que ha ocasionado los miembros de la JNTV para autorizar a la ANTV la prórroga sin siquiera saber por parte de los televidentes y al país en general por qué se les prorroga, cuales son sus estados financieros, resultados en materia de horas producidas y emitidas en televisión, para luego darse cuenta que el valor es muy bajo de lo que han hecho desde 2009 hasta 2018, prácticamente igualando al valor que Plural Comunicaciones paga por la concesión de la programación del Canal Uno de RTVC.
El presidente Juan Manuel Santos, en cabeza de su ministro de las TIC David Luna, miembro de la JNTV le ha querido demostrar él y los demás miembros que fue una decisión técnica que política, comparado con la prórroga que la antigua CNTV lo hizo con sufrimiento y casi que no llega la hora pues ni Caracol ni RCN estuvieron de acuerdo al valor a pagar por sus respectivas concesiones hechas por dos bancas de inversión contratadas para ese tiempo.
Sí. Fue una decisión más política que técnica. Porque de otra forma y con la incertidumbre de saber qué haría o no la ANTV nos tenía en ascuas desde octubre hasta noviembre de 2017 antes de regir la ley de garantías que solo se permiten licitaciones públicas, la situación quedaría en manos de Iván Duque o de Gustavo Petro (está por verse, en mi caso, pues dudo que los dos o uno de los dos pasen a la primera vuelta o ganen con más del 51 por ciento en mayo) que ya tienen pensado qué harán si tuviera en sus manos el caso de prorrogar a Caracol y RCN.
En el caso de Duque pasaría lo de Uribe en 2008 con algunos comisionados de televisión afines a él, se ciñieron a lo que las bancas de inversión sugirieron y además de quitarles la exclusividad que buscó estimular ese sector en contra de los demás en la televisión. Porque hay que aclarar que la ley 335 de 1996 la prórroga es permitida una sola vez y choca con la ley de contratación pública (1150 de 2007) pues ambos artículos están vigentes. Concretamente para Duque sería o que uno de los dos sean prorrogados o que haya nueva licitación en la que los actuales tenga cabida y desde luego, el que mayor oferte en subasta, es el ganador; o no sería así.
En el caso de Petro opta, por el momento darles un otrosí, para reformar la ley 335 de 1996 y ya promulgado y avalado por la Corte Constitucional llamar a una nueva licitación, con la novedad que se permitirá cualquier clase de sociedad incluso sin ánimo de lucro, lo que molestaría más a Caracol y RCN y buscan otros beneficiados.
Estas cosas no sucederán afortunadamente para Caracol y RCN. Lo que se salvaron del petrouribismo pone en una mala situación a Plural Comunicaciones por las causas que ustedes ya conocen en mis trinos en Twitter y en la columna de opinión, y con un atenuante: conseguir a como dé lugar un tercer y un cuarto canal privado de televisión para compensar el descuento del valor de sus prórrogas y que ponen en riesgo los recursos del Fondo de Desarrollo para la TV pública y agregar un nuevo tributo (petición unánime por parte de los expertos en el sector de las comunicaciones) a las OTT (Netflix, Caracol Play, DirecTV, Claro, entre otros en Colombia) para no poner en desventaja a la TV por suscripción y a su vez más ingresos al FONTV.
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