A Caracol Televisión S.A. y a RCN Televisión S.A. les quedan 365 días para operar como canal privado, la ANTV no ha dicho cómo lo prorrogará y si es que los va a prorrogar considerando que la Contraloría General de la República le hizo un hallazgo fiscal precisamente por no recibir los $77.183 millones de pesos que faltan de los $264.267 millones de pesos que los canales Caracol y RCN deberán de pagar al Estado sin tercer canal.
Ya pagaron el valor con tercer canal, y haciéndose los inocentes el pato la paga el Estado por no presionar y porque los privados han puesto palos a la rueda al tercer canal y no precisamente desde 2009 porque Canal 3 era la única proponente.
Estamos en medio de un proceso electoral y por ende está en transito el proyecto de ley, la 174, que busca liquidar a la ANTV y se crea la Comisión de Comunicaciones que no es más una entidad con decisiones directa de la presidencia y su ministro de las TIC de turno, se malogra y en vez de beneficiar superficialmente al televidente, lo perdemos en cuanto a los recursos a financiar el Fondo de Desarrollo para la TV.
No voy a ponerme en el plan de hablar de política y de los candidatos presidenciales. El punto de esta columna de opinión es que si los actuales canales tienen que continuar, que la ANTV diga qué pasó con el Tribunal de Arbitramento con el fin de que los dos actuales canales privados paguen respectivamente los más de 77 mil millones de pesos necesarios, si se pagó, que ya planifiquen cómo será las condiciones de prórroga, si son ambos o a uno de los dos; si no pagó, que por el bien del país sean inhabilitados para ser contratados con el Estado.
No crean que lo que busco es ser incendiario porque hay verdades que el país desconoce en materia del sector de la televisión, lo justo es que se sepa que quien es justo ante el país, merece continuidad más allá de fomentar progreso en la economía nacional ante el mundo.
No puede sacar la excusa de que fue una cifra que no alcanzó, se planificó y hasta una banca de inversión contratada por la CNTV en 2008 da cuenta los valores y el acuerdo que se llegó, tuvieron ya 10 años para que pagaran lo que es y no terminen pagando un descuento para fastidiar el intento de un tercer canal que bien podía en 2016 adjudicarse y ponerse en marcha a la par con la entrada de Plural Comunicaciones en la programación del Canal Uno.
Los televidentes colombianos merecemos saber si se pagó o no. Porque mucho temo que el plan que va a armar los canales privados mientras se define si la ANTV se acaba o no, es que pedirán un plazo adicional de 40 meses como se le dieron a las programadoras del Canal Uno en 2013, que eso sí sería la peor catástrofe para los televidentes, al país y los recursos del FonTV.
Sugerir o darles 40 meses adicionales a Caracol y RCN como excusa para pagar los más de 77 mil millones de pesos es alcahuetear la mediocridad de quienes eluden responsabilidades y permitir que los integrantes de la ANTV acepten estas pretensiones, como los dueños de los dos canales no les importa que los funcionarios paguen cárcel y sean sancionados por capricho y necesidad de mantenerse en el negocio y conseguir a como dé lugar la adjudicación y licitación del tercer canal durante esos 40 meses partiendo desde el 10 de enero de 2019 hasta 2022, a todas luces, una afrenta y un daño enorme al país.
Yo no estoy en contra de las dos compañías, que queden claro. Si quieren continuar, que paguen lo que falta o le digan al país que ya pagó lo que les debe al Estado, no más peros, no más plazos, no más excusas, por el bien de los televidentes: pague justo, pague bueno.
Ya pagaron el valor con tercer canal, y haciéndose los inocentes el pato la paga el Estado por no presionar y porque los privados han puesto palos a la rueda al tercer canal y no precisamente desde 2009 porque Canal 3 era la única proponente.
Estamos en medio de un proceso electoral y por ende está en transito el proyecto de ley, la 174, que busca liquidar a la ANTV y se crea la Comisión de Comunicaciones que no es más una entidad con decisiones directa de la presidencia y su ministro de las TIC de turno, se malogra y en vez de beneficiar superficialmente al televidente, lo perdemos en cuanto a los recursos a financiar el Fondo de Desarrollo para la TV.
No voy a ponerme en el plan de hablar de política y de los candidatos presidenciales. El punto de esta columna de opinión es que si los actuales canales tienen que continuar, que la ANTV diga qué pasó con el Tribunal de Arbitramento con el fin de que los dos actuales canales privados paguen respectivamente los más de 77 mil millones de pesos necesarios, si se pagó, que ya planifiquen cómo será las condiciones de prórroga, si son ambos o a uno de los dos; si no pagó, que por el bien del país sean inhabilitados para ser contratados con el Estado.
No crean que lo que busco es ser incendiario porque hay verdades que el país desconoce en materia del sector de la televisión, lo justo es que se sepa que quien es justo ante el país, merece continuidad más allá de fomentar progreso en la economía nacional ante el mundo.
No puede sacar la excusa de que fue una cifra que no alcanzó, se planificó y hasta una banca de inversión contratada por la CNTV en 2008 da cuenta los valores y el acuerdo que se llegó, tuvieron ya 10 años para que pagaran lo que es y no terminen pagando un descuento para fastidiar el intento de un tercer canal que bien podía en 2016 adjudicarse y ponerse en marcha a la par con la entrada de Plural Comunicaciones en la programación del Canal Uno.
Los televidentes colombianos merecemos saber si se pagó o no. Porque mucho temo que el plan que va a armar los canales privados mientras se define si la ANTV se acaba o no, es que pedirán un plazo adicional de 40 meses como se le dieron a las programadoras del Canal Uno en 2013, que eso sí sería la peor catástrofe para los televidentes, al país y los recursos del FonTV.
Sugerir o darles 40 meses adicionales a Caracol y RCN como excusa para pagar los más de 77 mil millones de pesos es alcahuetear la mediocridad de quienes eluden responsabilidades y permitir que los integrantes de la ANTV acepten estas pretensiones, como los dueños de los dos canales no les importa que los funcionarios paguen cárcel y sean sancionados por capricho y necesidad de mantenerse en el negocio y conseguir a como dé lugar la adjudicación y licitación del tercer canal durante esos 40 meses partiendo desde el 10 de enero de 2019 hasta 2022, a todas luces, una afrenta y un daño enorme al país.
Yo no estoy en contra de las dos compañías, que queden claro. Si quieren continuar, que paguen lo que falta o le digan al país que ya pagó lo que les debe al Estado, no más peros, no más plazos, no más excusas, por el bien de los televidentes: pague justo, pague bueno.
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